El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación del 3,2% en enero de 2026 respecto al mes anterior. En los titulares, el dato alimenta la narrativa de la desinflación exitosa. Pero cuando se desagrega el número — cuando se mira quién paga qué precios y con qué ingresos — la fotografía es considerablemente menos alentadora.

El promedio como trampa estadística

La inflación general del 3,2% resulta de promediar realidades que no se promedian en la vida cotidiana. El rubro Alimentos y Bebidas — que representa el 28,5% del gasto de los hogares del primer quintil pero solo el 15,3% del quinto quintil — subió 4,1% en el mes. Carnes aumentó 5,3%, lácteos 4,7% y verduras frescas 6,2%.

En contraste, los rubros que más pesan en el gasto de los hogares de altos ingresos moderaron sus incrementos. Esparcimiento subió 1,8%, equipamiento del hogar 2,1% y comunicaciones 1,4%. Esta divergencia no es nueva, pero se profundizó en los últimos meses: desde julio de 2025, la inflación del primer quintil supera consistentemente a la del quinto quintil por entre 1,2 y 1,8 puntos porcentuales mensuales.

Salarios, canasta y la cuenta que no cierra

El dato de inflación no puede leerse sin cruzarlo con la evolución salarial. Según el último relevamiento del INDEC, el índice de salarios del sector privado registrado creció 2,4% en diciembre — último dato disponible — acumulando una caída del poder adquisitivo del 3,8% interanual. Para los trabajadores informales, que representan el 36,2% del empleo total, la pérdida es mayor: sus ingresos crecieron apenas 1,9% mensual en el mismo período.

La canasta básica total para una familia tipo de cuatro integrantes se ubicó en $985.400 en enero. El salario mínimo, vital y móvil, fijado en $573.000, cubre el 58,1% de esa canasta. En octubre de 2025, esa cobertura era del 62%. La tendencia es inequívoca: el piso salarial pierde terreno frente al costo de vida mínimo.

La pobreza que no cede

Las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sitúan la pobreza en el 38,6% de la población para el cuarto trimestre de 2025. Si bien representa una mejora respecto al pico del 44,7% registrado en el primer semestre de 2025, la cifra sigue siendo dramáticamente superior al 29,6% de comienzos de 2024. Estamos hablando de aproximadamente 5,2 millones de personas que cruzaron la línea de pobreza en los últimos dos años y no lograron salir.

La indigencia, que mide la capacidad de cubrir la canasta básica alimentaria, se mantiene en el 10,8%. Esto significa que más de 4,9 millones de argentinos no acceden a una alimentación adecuada. El dato es particularmente grave en el conurbano bonaerense, donde la tasa trepa al 13,2%, y en el NOA, donde alcanza el 14,1%.

El ajuste pendiente en regulados

Uno de los factores que explica la baja relativa del índice general es la moderación de los aumentos en servicios regulados. Pero esta moderación tiene fecha de vencimiento. Las tarifas de electricidad acumulan un desfase del 12% respecto al esquema de actualización comprometido con los organismos internacionales. El gas arrastra un rezago similar. Y el transporte público del AMBA, que recibió el último ajuste en noviembre, tiene previsto un incremento del 18% para marzo.

Estos ajustes pendientes — estimados en un impacto acumulado de 2,2 puntos porcentuales sobre el IPC del primer trimestre — no son inflación nueva: son inflación reprimida que se libera. Pero para una familia que destina el 14% de sus ingresos a servicios públicos, el efecto sobre el presupuesto del hogar es idéntico.

La dimensión territorial

La inflación nacional es también un promedio geográfico que oculta disparidades. En enero, la región Patagonia registró una variación del 3,8%, impulsada por el costo del transporte y la logística. El NEA marcó 3,6%, con el rubro alimentos como principal impulsor. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el peso de los servicios es mayor y los ajustes tarifarios se moderaron, la inflación fue del 2,9%.

Estas diferencias regionales tienen un correlato directo en la capacidad adquisitiva. Un docente de Formosa con un salario básico de $620.000 enfrenta una canasta básica regional de $1.020.000. Un docente porteño con un básico de $780.000 enfrenta una canasta de $1.050.000. La proporción cubierta es del 60,8% y del 74,3% respectivamente. La desigualdad territorial amplifica la desigualdad de ingresos.

Más allá del número

El 3,2% de enero será celebrado por quienes comparan con el 25,5% de diciembre de 2023. Y no deja de ser cierto que la magnitud de la desinflación es notable. Pero reducir el análisis a la velocidad de la baja es confundir el termómetro con el diagnóstico.

La pregunta relevante no es solo a qué velocidad bajan los precios, sino quién soportó el costo de esa baja. Si la desinflación se construye sobre salarios que pierden contra canasta, jubilaciones que se licuan, y un gasto social que se recorta en términos reales, entonces el número del IPC mejora pero las condiciones materiales de vida de millones de argentinos no. Y eso, en última instancia, es lo que define si una política económica es exitosa o simplemente es sostenible para quienes no la padecen.